En los últimos años, en distintas ocasiones, se ha puesto sobre la mesa la revisión de los incentivos fiscales sectoriales en la República Dominicana, entre ellos el régimen de zonas francas, la Ley de Cine y, por supuesto, CONFOTUR. Todos estos instrumentos tienen algo en común: generan actividad económica y atraen inversión, pero también tienen un impacto directo en la recaudación tributaria del Estado, al reducir —total o parcialmente— la carga fiscal de las empresas beneficiarias.
Cada vez que se menciona la posibilidad de revisar o incluso eliminar alguno de estos incentivos, la reacción del sector involucrado suele ser inmediata y contundente. En el caso específico de CONFOTUR, la respuesta ha sido clara. Desde ASONAHORES, como principal órgano de representación del sector turístico, se ha advertido en varias ocasiones que tocar este incentivo sería “fatal” para el desarrollo del turismo en la República Dominicana. En la misma línea, el propio ministro de Turismo, David Collado, ha calificado cualquier intento de eliminación como una auténtica bandera roja para la inversión turística.
Ante estas posiciones tan firmes, conviene detenerse un momento y formular la pregunta básica: ¿qué es exactamente CONFOTUR?
CONFOTUR tiene su origen en la Ley No. 158-01, promulgada en el año 2001, en un contexto muy concreto del desarrollo económico y turístico de la República Dominicana. A inicios de los años 2000, el país todavía se encontraba en una fase de consolidación como destino turístico internacional. Aunque ya existían polos con cierta tracción, muchos otros estaban poco desarrollados o, directamente, no existían como destinos estructurados.
En aquel momento, el Estado dominicano enfrentaba el reto de atraer inversiones significativas en infraestructura hotelera, vial y de servicios, en un sector que requería grandes volúmenes de capital y asumía riesgos elevados. Al mismo tiempo, la República Dominicana competía de manera directa con otros destinos del Caribe que ya ofrecían incentivos fiscales agresivos para captar inversión extranjera, lo que colocaba al país en una posición de desventaja relativa.
En ese escenario, CONFOTUR nació con un objetivo claro y legítimo: incentivar, atraer y acelerar la inversión privada en el desarrollo turístico del país, especialmente en zonas con potencial, pero con un alto riesgo inicial para el inversionista. La idea era reducir ese riesgo y acelerar la creación de infraestructura turística que permitiera posicionar al país en el mapa internacional, generar empleo, atraer divisas y sentar las bases de un sector que, con el tiempo, se convertiría en uno de los principales motores de la economía nacional.
Para ello, el Estado dominicano ofreció exenciones fiscales significativas durante un período prolongado, con la expectativa de que estas inversiones generaran empleo directo e indirecto, dinamizaran las economías locales, aumentaran la llegada de turistas y fortalecieran la entrada de divisas al país.
Entre los incentivos fiscales más relevantes que contempla CONFOTUR se encuentran la exención del Impuesto Sobre la Renta durante el período de vigencia del incentivo, la exención del ITBIS en la adquisición de bienes y servicios vinculados a la construcción y equipamiento del proyecto, la exoneración de aranceles a la importación de materiales, equipos, mobiliario y maquinarias, así como la exención del impuesto de transferencia inmobiliaria y otros tributos asociados a la puesta en marcha y operación inicial del proyecto.
Este paquete de incentivos redujo de forma sustancial el costo total de inversión y mejoró la rentabilidad esperada de los proyectos, convirtiéndose en una herramienta clave para atraer capital nacional e internacional hacia el sector turístico. Funcionó, y nadie puede negar que fue determinante para el crecimiento del turismo dominicano en sus primeras etapas de desarrollo.
Precisamente por esta magnitud, resulta incuestionable que CONFOTUR ha sido una herramienta extremadamente potente para atraer inversión al sector turístico
Han pasado más de dos décadas desde la creación de CONFOTUR y el contexto en el que nació ha cambiado de forma sustancial. La República Dominicana ya no es un destino emergente que necesita convencer al mundo de su potencial turístico. Hoy es uno de los países líderes del Caribe en llegadas, inversión hotelera y reconocimiento internacional.
El turismo se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía nacional, con marcas internacionales establecidas, infraestructura desarrollada y una demanda sostenida que ya no responde únicamente a incentivos fiscales, sino también a factores como la conectividad aérea, la seguridad jurídica, la rentabilidad operativa y el posicionamiento del destino.
En este nuevo escenario, la pregunta no es si CONFOTUR fue útil, porque claramente lo fue, sino si sigue aplicándose con la misma lógica de fomento para la que fue creado.
CONFOTUR fue concebido como una herramienta para reducir riesgos en etapas tempranas del desarrollo turístico. Sin embargo, con el paso del tiempo, el incentivo se ha ido aplicando de forma cada vez más amplia, incluyendo proyectos en zonas ya consolidadas y con bajo riesgo de inversión. Esto abre un debate legítimo sobre si el incentivo sigue funcionando como una verdadera palanca de desarrollo o si, en algunos casos, se ha convertido en un beneficio estructural para determinados actores, desconectado del objetivo original.
El turismo dominicano ha crecido en número, pero el reto actual es distinto. Hoy el debate gira en torno a la calidad del crecimiento, al gasto por turista, a la sostenibilidad ambiental y al impacto real en las economías locales. En ese contexto, la simple creación de nuevas habitaciones no garantiza, por sí sola, un mejor desarrollo turístico.
CONFOTUR, tal como está diseñado, incentiva la inversión inicial, pero no necesariamente asegura una operación turística sólida, generadora de empleo estable y encadenamientos productivos duraderos.
Cuando un incentivo puede representar hasta un 30 % del valor de un proyecto en impuestos no recaudados, el Estado tiene la responsabilidad de preguntarse si el retorno económico y social justifica ese sacrificio fiscal. No se trata de eliminar incentivos, sino de evaluar si están alineados con las prioridades actuales del país y si se aplican allí donde realmente generan mayor impacto, es decir en destinos emergentes o destinos que hay que impulsar porque han quedado obsoleto.
También cabe plantear una cuestión incómoda pero necesaria: los beneficios otorgados en base a requisitos que se cumplieron en papel al momento de la solicitud, ¿se están cumpliendo en la realidad operativa de los proyectos? Y si no fuera así, ¿no debería el Estado revisar o detener las exenciones de aquellos proyectos que no cumplen?
Plantear la revisión de CONFOTUR no equivale a estar en contra del turismo ni de la inversión. Al contrario, es una señal de madurez institucional. Los destinos turísticos evolucionan y sus políticas públicas deben evolucionar con ellos.
La cuestión de fondo no es si CONFOTUR debe desaparecer, sino si debe adaptarse para ser más selectivo, más transparente y más enfocado en resultados medibles.