La República Dominicana es una potencia turística indiscutible. Los datos históricos lo confirman: crecimiento sostenido de habitaciones hoteleras, ingresos multimillonarios, cientos de miles de empleos y una recuperación ejemplar tras la pandemia.
Sin embargo, detrás de ese éxito se esconde uno de los principales frenos al desarrollo turístico del país: la burocracia y la permisología excesiva, fragmentada y poco coordinada.
Y este problema no es casual. Tiene una raíz clara: un marco legal obsoleto que nunca se actualizó para acompañar la evolución del turismo.
Hoy, cualquier proyecto turístico —desde un gran hotel hasta un pequeño emprendimiento local— debe atravesar un laberinto de permisos y autorizaciones que involucra a múltiples instituciones:
Cada una opera con criterios propios, plazos distintos y sin una coordinación obligatoria. No existe un proceso único, ni una secuencia clara, ni una autoridad que articule todo el sistema.
El resultado es conocido por cualquier inversionista: meses —y a veces años— de trámites, ajustes, reinterpretaciones y retrasos.
Es paradójico que una potencia turística moderna opere bajo la Ley 541-69, un texto pensado para una realidad de hace medio siglo donde la inversión era mínima y conceptos como la sostenibilidad o la participación local eran inexistentes. La ley, al no establecer una ruta crítica de permisos ni mecanismos de coordinación interinstitucional, dejó el terreno fértil para la discrecionalidad. En consecuencia, las distintas instituciones han ido colmando estas lagunas con criterios propios y desconectados, tejiendo una red de trámites donde la responsabilidad se diluye y la contradicción es la norma.
La burocracia no es una simple pausa en el cronograma; es un factor de riesgo que encarece y amenaza la viabilidad de cualquier iniciativa. Cada demora administrativa activa un efecto dominó: dispara los costos financieros, provoca la pérdida de temporadas altas, congela la creación de empleos y siembra incertidumbre. Si bien los grandes conglomerados internacionales poseen el músculo financiero para amortiguar estos golpes, para el pequeño y mediano inversionista suelen significar el abandono del proyecto. De esta forma, el sistema impone una barrera de entrada silenciosa que termina penalizando el emprendimiento local y asfixiando la necesaria diversificación de nuestra oferta turística.
Uno de los mayores problemas del sistema actual es la incoherencia institucional, directamente vinculada a la ausencia de una ley moderna.
No es raro encontrar casos donde:
Esto no es mala fe institucional. Es falta de un marco legal que ordene el proceso y obligue a las entidades a trabajar de forma coordinada desde el inicio, y por otra parte mala formación tecnica de los empleados de los ministerios, sobre todo si recientemente hubo elecciones y cambió el partido al mando, ya que se cambia todo el personal por compromisos politicos, sin éstos tener apenas conocimientos de las tareas a las que se van a enfrentar.
La actual permisología se ensaña con mayor dureza sobre los actores más vulnerables pero necesarios para la evolución del sector: los hoteles boutique, el turismo rural, los proyectos culturales y las iniciativas de naturaleza. Resulta irónico que el sistema asfixie precisamente a estos modelos, pues son ellos los llamados a diversificar nuestra oferta complementaria, llevar los beneficios económicos a comunidades emergentes y construir una auténtica identidad local. Sin embargo, bajo un esquema rígido, lento y costoso, estas semillas de innovación mueren antes de germinar, ahogadas por una burocracia que no distingue escalas.
La Ley 176-07 otorga a las alcaldías competencias clave: uso de suelo, licencias, ruido, espacios públicos.
Sin embargo, la Ley 541-69 nunca integró formalmente a los municipios en la gobernanza turística.
Como resultado tenemos hoy:
La burocracia no es inevitable. Es consecuencia de un diseño legal desactualizado.
Una nueva Ley General de Turismo debería:
Reducir burocracia no significa menos control, sino mejor control.
Mientras sigamos operando con una ley de 1969, la burocracia seguirá siendo el freno silencioso del desarrollo turístico.
La República Dominicana no necesita más normas; necesita normas claras, modernas (actualizadas a nuestros tiempos y circunstancias) y coherentes.
Un país que genera casi US$11,000 millones anuales en turismo no puede permitirse un sistema que ahuyente inversión, frene innovación y desgaste a quienes apuestan por desarrollar destinos.
El turismo dominicano ha hecho su parte.
El sector privado ha invertido, arriesgado y crecido.
Ahora le toca al marco legal ponerse al día.
Porque el verdadero riesgo no es perder control,
es seguir perdiendo oportunidades por culpa de una ley que ya no representa la realidad del desarrollo del turismo en el país.