Estamos de acuerdo que el sector turístico dominicano ha sido el gran motor de la economía de RD, y la Ley 158-01 (CONFOTUR) su principal combustible. Sin embargo, tras décadas de vigencia, el país se encuentra en un punto de madurez que obliga a desplazar la mirada desde la captación de inversión hacia la fiscalización de su impacto. Si CONFOTUR puede representar un ahorro fiscal de decenas de millones de dólares para un solo proyecto, la pregunta ya no es ideológica ni política, sino técnica y de política pública:

¿Cómo se mide realmente su retorno para el Estado y para la sociedad?

El espejismo de la evaluación previa

En teoría, el retorno de CONFOTUR debería reflejarse en más empleo, mayor actividad económica local e integración real de los proyectos al destino. Sin embargo, el sistema actual opera bajo una lógica de "intenciones y promesas". El promotor presenta una memoria técnica y proyecciones de inversión para obtener la clasificación.

El problema fundamental es que el diseño institucional está volcado hacia la evaluación previo del proyecto, pero carece de un rigor equivalente en la verificación una vez construido. Se controla con precisión lo que el proyecto promete en el papel, pero existe un vacío sistemático sobre lo que finalmente ocurre una vez que el hotel o el complejo residencial entra en operación.

El vacío de la información pública

Actualmente, el país carece de un mecanismo transparente que permita auditar el cumplimiento de los objetivos sociales del incentivo. Esta ausencia de indicadores públicos deja sin respuesta preguntas esenciales:

• ¿Cuántos empleos formales y permanentes genera cada proyecto en relación con el monto exonerado?
• ¿El modelo de operación es verdaderamente turístico o es un desarrollo inmobiliario residencial que utiliza el incentivo para mejorar sus márgenes de venta?
• ¿Qué nivel de encadenamiento productivo real (compras locales) se está produciendo en el entorno inmediato?

Esta falta de datos no implica necesariamente que los proyectos no cumplan, pero sí significa que el Estado y la ciudadanía carecen de herramientas objetivas para comprobar si el Gasto Tributario —ese dinero que el Estado deja de percibir— está siendo una inversión eficiente o un subsidio injustificado.

¿Contraprestación o derecho adquirido?

Aquí reside el núcleo del debate. En su espíritu original, CONFOTUR es una contraprestación: el Estado renuncia a ingresos fiscales a cambio de desarrollo y beneficio colectivo. Sin embargo, en la práctica, una vez otorgada la clasificación definitiva, el incentivo tiende a consolidarse como un derecho adquirido e inamovible. No hay control y revisión por parte de las autoridades competentes, para coprobar si el desarrollador del proyecto sigue cumpliendo con su promesa presentado en la solicitud. 

Surge entonces una duda incómoda: si un proyecto cambia su naturaleza operativa, reduce significativamente su impacto o no alcanza las metas de empleo prometidas, ¿por qué debería seguir beneficiándose de las exenciones fiscales? Sin un sistema de revisión periódica, el incentivo corre el riesgo de perder su legitimidad, no por su origen, sino por su falta de ajuste a la realidad.

Mi opinión: Cambiar hacia una política pública de resultados

Plantear estas interrogantes no es atacar al sector turístico; al contrario, es proteger su sostenibilidad. El turismo dominicano ha alcanzado un nivel de madurez que le exige evolucionar hacia políticas más sofisticadas. Sin embargo, el actual modus operandi del sistema de aprobaciones, caracterizado por una marcada opacidad, deja mucho que desear. Resulta contradictorio que, mientras desde la máxima autoridad del Ministerio de Turismo se promueve un discurso de transparencia absoluta, el proceso de otorgamiento y seguimiento de incentivos siga operando en una suerte de 'caja negra'. Un proceso que depende de la discrecionalidad de un consejo no puede ser considerado transparente si la ciudadanía y los sectores técnicos no tienen acceso a los datos que justifican cada exención. Si la transparencia es el eje de la gestión pública, esta debe demostrarse con la apertura de los expedientes de cumplimiento, y no solo con declaraciones de intención.

El modelo de "atraer a cualquier costo" fue útil en etapas tempranas, pero hoy el desafío debe ser maximizar el beneficio colectivo. Si CONFOTUR sigue siendo la herramienta clave para el desarrollo, debe dejar de ser un esquema basado puramente en la promesa para convertirse en uno basado en el desempeño. La pregunta para el presente es si estamos dispuestos a medir si realmente está pagando sus dividendos a la sociedad dominicana o si, por el contrario, el modelo actual permite que el sacrificio fiscal del Estado se convierta en una transferencia de recursos hacia el sector privado sin una fiscalización que garantice el retorno social esperado.