Una potencia del siglo XXI gestionada con una ley de 1969
Durante más de cuatro décadas, la República Dominicana ha construido una de las industrias turísticas más sólidas y resilientes del Caribe. Los datos hablan por sí solos: pasamos de poco más de 5,000 habitaciones hoteleras en 1980 a más de 90,000 en 2024, los ingresos por turismo crecieron de US$172 millones a casi US$11,000 millones, y hoy el sector genera cerca de 400,000 empleos directos e indirectos.
El turismo no solo es un motor económico; es una columna vertebral del país.
Sin embargo, detrás de estas cifras de éxito se esconde una realidad incómoda: el turismo dominicano ha crecido más por inercia y esfuerzo del sector privado que por una estructura pública moderna y bien articulada.
Una ley que ya no responde a la realidad
La principal normativa que regula el turismo en República Dominicana es la Ley 541-69 de Fomento al Desarrollo Turístico, promulgada en 1969. Fue una ley visionaria para su época, pero hoy resulta claramente insuficiente.
En 1969:
- No existían los resorts todo incluido.
- Punta Cana no era un destino turístico.
- No había turismo digital, plataformas como Airbnb, ni redes sociales.
- El turismo interno era marginal.
- Los municipios no tenían un rol activo en la gestión turística.
Hoy, más de medio siglo después, seguimos operando una industria compleja, diversa y global con un marco legal pensado para un país completamente distinto.
El problema no es solo la ley, sino sus consecuencias
La falta de una Ley General de Turismo moderna ha generado un problema estructural: nadie tiene completamente claro dónde empieza y dónde termina su responsabilidad.
En la práctica, esto se traduce en:
- Falta de coordinación entre el Ministerio de Turismo y las alcaldías.
- Destinos turísticos sin gobernanza clara.
- Playas públicas desordenadas y mal gestionadas.
- Comercio informal sin regulación efectiva.
- Problemas crónicos de basura, ruido y deterioro del espacio público.
- Inversiones privadas rodeadas de incertidumbre operativa.
El turista no distingue entre competencias institucionales. No sabe si la acera rota, la basura en la playa o el ruido excesivo son responsabilidad del ayuntamiento, del ministerio o de otra entidad. Para él, todo forma parte de la experiencia del destino.
El rol invisible — pero crucial — de las alcaldías
Uno de los grandes vacíos del sistema actual es el papel de los gobiernos locales.
Las alcaldías son responsables del ornato, la limpieza, el control del comercio, el ruido, los parques y los espacios públicos. Es decir, gestionan exactamente aquello que más impacta la experiencia del turista.
Sin embargo, la mayoría de los municipios turísticos:
- No cuentan con unidades técnicas de turismo.
- No tienen presupuesto específico para la gestión turística.
- No están integrados formalmente en la planificación nacional del turismo.
- Actúan de forma reactiva, no estratégica.
El resultado es evidente en destinos con enorme potencial, pero con problemas estructurales persistentes, como Boca Chica, Juan Dolio, Sosúa, Barahona o incluso áreas de polos consolidados.
Un crecimiento impresionante… pero frágil
Los datos históricos muestran algo muy revelador: incluso con crisis internacionales, huracanes, sargazo y una pandemia global, el turismo dominicano ha demostrado una capacidad de recuperación extraordinaria. Tras el colapso de 2020, el sector se recuperó en tiempo récord. Pero no nos engañemos, hubo factores claves que ayudaron. Obama abrió el camino al desarrollo turístico de Cuba y Trump frenó esta tendencia en seco. El sargazo lleva años complicando varios destinos en Mexico (y a mayor nivel que en RD). Dos factores claves que ayudaron mucho al aumento de llegadas de turistas a RD.
Esto confirma una verdad incuestionable:
el turismo dominicano es fuerte y resiliente, pero también vulnerable si no se acompaña de una estructura legal y de gobernanza adecuada.
Crecer sin reglas claras, sin coordinación institucional y sin planificación territorial es una fórmula peligrosa a largo plazo.
El momento de una nueva Ley General de Turismo es ahora.
República Dominicana no necesita más anuncios aislados ni intervenciones puntuales. Necesita una Ley General de Turismo moderna, que refleje la realidad actual del país y siente las bases para los próximos 30 años.
Una ley que:
- Defina claramente qué es un destino turístico.
- Establezca modelos obligatorios de gobernanza local.
- Integre de forma efectiva a las alcaldías.
- Regule la gestión de playas y espacios públicos turísticos.
- Ordene el comercio informal.
- Incorpore el turismo digital, la sostenibilidad y la innovación.
- Garantice seguridad jurídica a la inversión privada.
- Mejore la calidad de vida de las comunidades locales.
No se trata solo de atraer más turistas, sino de gestionar mejor los destinos, proteger el entorno, fortalecer a los municipios y elevar la experiencia turística a un estándar acorde con la posición que ya ocupa el país.
Conclusión
El turismo dominicano ha demostrado que puede competir y liderar en el Caribe. Ahora le toca dar el siguiente paso: ordenarse, modernizarse y estructurarse – si esto no pasa, el crecimiento será insostenible y los destinos se cualquierizan.
Debemos entender que el turismo no se construye solo en ferias internacionales ni en estadísticas de llegada.
Se construye en la playa, la calle, la acera, el parque y el barrio.
Y para eso, necesitamos reglas claras, coordinación real y visión de futuro.